Se inicia este lunes tres días de huelga general, una protesta convocada por grupos de transportistas y trabajadores en contra de la inseguridad y la violencia que se mantienen en el vecino país, sometido ante los grupos armados que se disputan el poder.
La crisis de gobernabilidad que vive Haití ha venido incrementándose desde el asesinato de su presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021. El accionar de los grupos armados que se disputan el control de territorios ha sembrado de muertes al país más pobre de América y, según informes de la Organización de las Naciones Unidas, las pandillas son responsables de unos 5,000 asesinatos en 2023.
ituación continúa agravándose
En su exposición, Dumé expresó su preocupación ante una situación que continúa deteriorándose, tanto a nivel de seguridad como económica.
«El precio de las necesidades básicas está aumentando en el sur y en el extremo norte del país. Los agricultores del sur no pueden transportar sus productos a la capital. Todos somos víctimas en la población», declaró, según los reportes que hacen medios de prensa haitianos.
La huelga general, que se extenderá hasta el miércoles 31 de enero, cuenta con el apoyo de la Central Nacional de Trabajadores Haitianos (CNOHA), que enfatiza en que la crisis de seguridad impide a miles de personas circular libremente debido a los bloqueos de las carreteras que hacen las bandas armadas.
Piden apoyo a toda la población de Haití
Los convocantes piden el apoyo de la población y a la que exhortan evitar salir a las calles en sus vehículos para que no corran riesgos.
Ante la grave crisis que sufre Haití, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en octubre pasado, tras meses de discusión, el envío de una fuerza multinacional para ayudar a Haití a combatir la violencia.
Dicha fuerza estaría encabezada por Kenia que anunció el envío de unos 1,000 agentes de policía a Haití, pero decisiones judiciales de ese país detienen, en lo inmediato, esa disposición aprobada por el parlamento keniano en noviembre pasado.
El viernes, el Tribunal Superior de Nairobi, que reconoció un recurso presentado por un líder de la oposición keniano, decidió que el envío es «inconstitucional, ilegal e inválido», ante lo que el Gobierno de Kenia anunció que procederá a recurrir el fallo.