El ex superintendente de Electricidad, Marcos Cochón, afirmó este lunes que es tiempo prudente para que las Leyes 125-01 y 57-07 emitidas hace más de 20 y 15 años, respectivamente, sean revisadas y actualizadas en aquellos aspectos en que la realidad actual lo demanda.
El ex funcionario destacó que la industria eléctrica necesita contar con sustentaciones legales que incorporen adecuadamente los cambios internos y externos experimentados en el mercado en las últimas dos décadas, como incorporación de nuevas tecnologías de generación, crecimiento significativo de la demanda (y de la demanda desregulada), crecimiento de la generación propia (autoconsumo) y generación distribuida, avances y necesidad de uso del almacenamiento de energía, entre otros.
“En cuanto a los factores externos, el ciclo inflacionario, la pandemia y las diversas situaciones geopolíticas que han estado impactando la economía global en los últimos años, han provocado un cambio estructural en cuanto a los costos de producción de la energía eléctrica, tanto en la energía primaria como en las tecnologías de producción de electricidad.
Un tema para considerar es el relativo a la pertinencia o no de los incentivos existentes para las energías renovables, en particular para los proyectos fotovoltaicos de autoconsumo”, dijo.
El ex superintendente, explicó que una buena noticia hoy en día es la energía renovable, en particular la fotovoltaica, pues es rentable en el país sin necesidad de incentivos. Ello debido a la considerable reducción de costos experimentada para dicha tecnología desde 2007.
“Esa reducción de costos, y el nivel y volatilidad de los precios de la energía primaria importada por el país, hace viables ese tipo de proyectos sin la necesidad de los incentivos fiscales y comerciales existentes. Dada la situación fiscal deficitaria, y el alto porcentaje atribuible al sector eléctrico dentro de ese déficit, resulta más que procedente generar ahorros fiscales y reducir las transferencias netas al sector eléctrico mediante la revisión de los incentivos fiscales y comerciales contenidos en la Ley 57-07”.