Este primer documento para la actualización de la Ley 67-99 sugiere también cambios en las funciones del Consejo de Educación
La Inversión pública para el sector educativo pasaría de un 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) a un 6 % al 2030, aumentando de forma progresiva hasta llegar a este tope designado, según propone el primer borrador para la actualización y/o modificación de la Ley de Educación 66-97.
Este boceto, que será discutido con miras al «mejoramiento» de la normativa, plantea en su artículo 24, sobre planificación y financiamiento a la educación, que se lleve a cabo este incremento. No obstante, si hay una variación «negativa» en el valor nominal del PIB (disminuye), el porcentaje designado no puede ser menor al del año anterior.
Asimismo, hace la salvedad de que, si el presupuesto requiere una asignación mayor al límite establecido, será designado «vía financiamiento interno o externo».
No es el único aspecto financiero que trata esta propuesta, también plantea: «La distribución del presupuesto entre las diferentes áreas se establecerá mediante reglamento, consignando que al menos, dependiendo de las competencias que se deleguen, el 15 % del presupuesto nacional de educación será planificado, gestionado y ejecutado por las unidades descentralizadas de educación en el territorio».
De su lado, la ley vigente no establece el porcentaje a designar, ya que lo deja a consideración del Ministerio de Educación (Minerd), según los recursos «sean requeridos» por las organizaciones descentralizadas.
Jubilaciones
Otro aspecto que trata esta iniciativa, llevada a cabo por la Comisión Revisora de la Ley de Educación creada por el Minerd, es la de jubilación. De acuerdo con la normativa vigente, la persona jubilada con 21 años o más de servicio, recibirá una pensión de 90 % del promedio del salario devengado en los últimos 12 meses.