El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, desembolsó más de RD$2,520 millones a la Junta Central Electoral (JCE) para ser distribuidos a los partidos políticos de cara a las elecciones municipales del pasado 18 de febrero.
A pesar de que los partidos opositores se quejaron la misma semana de los comicios que no se le habían entregado recursos, un gráfico enviado a esta redacción evidencia que el Gobierno desembolsó a la JCE estos miles de millones semanas antes de que se realizaran las municipales.
Por ejemplo, en enero del 2024, específicamente el día 11, el Gobierno desembolsó RD$1,365,433,333,00 al organismo electoral para ser distribuidos a las decenas de organizaciones políticas que hay en el país.
El próximo desembolso de recursos ocurrió el pasado 2 de febrero, dos semanas antes de celebrarse las elecciones municipales, en que el Gobierno destinó a la JCE unos RD$105,033,333.00 y culminando el día 12 de febrero, 6 días antes de los comicios, en el que se desembolsaron RD$1,050, 333, 334.
Gráfico de entrega de recursos en últimos procesos electorales
Esta semana y de cara al proceso electoral de mayo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) depositaron conjuntamente ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) una acción constitucional de amparo de extrema urgencia contra el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Presupuesto y la Junta Central Electoral (JCE), por “la violación a derechos fundamentales y principios constitucionales” por la no entrega de los fondos públicos a los partidos políticos que ordena la Ley Orgánica de Régimen Electoral, núm. 20-23.
Mediante un documento difundido a los medios de comunicación, los opositores indican que el Presupuesto General del Estado elaborado por el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto contempla “la posibilidad de suspender del presupuesto de 2024, pero sin fecha previsible, la provisión de fondos ordenados por leyes especiales, argumentando para ello la escasa disponibilidad presupuestaria del Gobierno, tratando de justificar así el aplazamiento de las asignaciones presupuestarias que prevé la normativa electoral, justamente en un año electoral, en detrimento de todos los partidos de oposición”.